Tanto los que se oponen como los que defienden la construcción del polémico complejo hotelero en la playa de El Palmar siempre tienen cerquita un calendario. El motivo es muy sencillo: una vez publicado el Plan Parcial que ordena la actuación en el sector SUS-6 Malcucaña, empieza la cuenta atrás para la promotora, se abre el periodo para la interposición de recursos y se acortan los plazos para la presentación del proyecto, la obtención de la licencia de obra, etc. Si estos plazos no se cumplen escrupulosamente, el embrollo burocrático puede hacer peligrar la continuidad de la iniciativa. Habría que dar marcha atrás y replantear, desde cero, la estrategia.
Aunque la publicación en el BOP del Plan estaba prevista para el pasado mes de mayo, no ha sido hasta septiembre cuando se ha formalizado el trámite. Este retraso, de casi cinco meses, ha generado incertidumbre entre los partidarios del proyecto, aunque también ha dado alas a los que sueñan con frenarlo. ¿Es que la promotora no cuenta con fondos suficientes como para arrancar la obra, y el ayuntamiento ha querido ganar tiempo ralentizando el proceso todo lo posible?
Según ha podido saber LA VOZ, tras el último encuentro mantenido entre el alcalde de Vejer, Antonio Verdú, y representantes del Grupo Tarje, la promotora sí dispone de la inversión necesaria para acometer la construcción de los 650 apartamentos, pero aún no ha encontrado el socio que necesita para la puesta en marcha y gestión del complejo. Aunque Tarje «continúa dialogando» con diversas firmas hoteleras, y desde el Consistorio de Vejer esperan «no tardar mucho en recibir buenas noticias», es difícil que la constructora comience las obras sin antes no tener cerrada la negociación con la cadena hotelera que pondría en marcha el negocio.
Antonio Verdú, alcalde de Vejer, lo confirma: «El promotor construye hoteles, pero no los gestiona. Lo que ahora está haciendo es lo que ha hecho anteriormente: buscar un socio. Un socio que es cierto que aún no está, aunque hay varios con los que están manteniendo contactos. Estoy seguro de que eso no será un problema porque a nosotros mismos se están dirigiendo firmas interesadas, que les remitimos inmediatamente a ellos. Además, el promotor sabe que hay unos plazos, es consciente de ello. Conoce la legislación y sabe que si no empieza a construir antes de una determinada fecha, pierde sus derechos». En cualquier caso, Verdú confía en que «aparezca esa pieza necesaria de un momento a otro».
Todo lo contrario que los portavoces de la plataforma
Salvar El Palmar, que creen que la postergación constante de la fecha de inicio de la construcción se debe tanto a la difícil coyuntura económica, como al «miedo a que el recurso administrativo que hemos interpuesto salga adelante y detenga el proyecto».
Se refieren al contencioso que la plataforma presentará, a través de
Ecologistas en Acción, y que aduce «importantes defectos de forma» para intentar que se paralice cautelarmente la ejecución de las obras. «Digan lo que digan desde el Ayuntamiento, ellos saben que el texto legal puede estar muy bien armado de razones y ocasionarles problemas», explican.
Además, el proyecto tiene otros dos frentes abiertos: uno, a nivel nacional, después de que Llamazares se hiciera eco en el Congreso de las inquietudes de la Plataforma y elevara una pregunta en la que defendía ese espacio como «libre de edificaciones»; y otro, a escala internacional, cuando el eurodiputado de Iniciativa Raúl Romeva exigió que se investigara si el proyecto cumplía con la legalidad medioambiental.
